Patricia Mayorga.
20 de noviembre de 2013.
Reportaje especial.

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- A la lucha por el agua, por sus tierras y por una vida digna, los pueblos indígenas de esta entidad suman actualmente otro frente de batalla, ahora contra el narcotráfico, que los tiene sumidos en el miedo y desesperación en la Sierra Tarahumara.

Cansados de que las autoridades municipales y estatales los ignoren, representantes de comunidades de municipios serranos de Chihuahua, apoyados por comunidades de Sonora, acordaron impulsar su derechos a la consulta que les da el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, así como la Ley Indígena del Estado de Chihuahua, que también obliga a las autoridades a tomarlos en cuenta en ese sentido.

Ese fue uno de los principales acuerdos del 4º foro “Pueblos originarios de la Sierra Tarahumara en defensa de nuestros territorios”, efectuado el fin de semana en la ciudad de Chihuahua”.

“Las autoridades ni siquiera van (a su comunidad). Tendrán miedo o estarán comprados, quien sabe. He platicado con el comandante y con el Ministerio Público y el consejo que me dieron fue ‘Encapúchense y denle’, eso me dijo”, cuenta al tiempo que se ríe, Alfonso Molina Carrillo, líder indígena de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

El interés de la gente que llega de fuera y que ha trastocado aún más sus comunidades es sembrar amapola y mariguana; eso lo tienen claro los indígenas, pero exigen a las autoridades que no permitan que los maten ni los amenacen, porque esa situación los obligará a irse de sus tierras.

Quienes los han hostigado desde hace más de 20 años porque quieren expulsarlos de sus tierras, son los mismos que hoy están coludidos con el narcotráfico, con los mismos fines, pero ahora enganchan a la misma gente del pueblo, a adolescentes de entre 12 y 15 años, para que les ayuden a sembrar y hasta a matar.

Cuentan que la mayoría de sus agresores en la actualidad son gente del narcotráfico en aquel municipio. “Se alían, son los que se aprovechan, se meten a la fuerza y engañan a la gente, les dicen: ‘yo te ayudo, yo te ayudo para que siembres’ y al último, se hacen sus casas y los obligan a trabajar con ellos”.

Explican que trabajar con ellos implica no sólo sembrar, sino trabajar para grupos delictivos en otras tareas.

“Pueden llegar unos por ahí y otros por otro lado, sólo llegan hombres de fuera, mestizos. Llegan con alguien indígena que viven por ahí y le dicen: ‘Vamos trabajando, yo te voy a ayudar para sembrar mariguana, amapola’, empiezan a talar encino, y así. Lo queman, tumban el bosque y lo pican bien picadito, y cuando se seca por mayo, lo usan. No lo venden, lo usan para calentarse, para alumbrar y para sembrar”, detallan, ya que es diferente la manera en que los hostigan, a otros municipios como Bocoyna, donde la actividad ilegal es la tala.

En Coloradas de la Virgen son alrededor de mil familias, quienes han luchado históricamente por su territorio. Desde Gobierno del Estado, empresarios y funcionarios se han propuesto sacarlos de sus tierras, los han excluido de censos y por esos motivos. Su única arma han sido los recursos legales que han obligado a los mestizos a suspender la tala, pero aún esperan la sentencia.

Desde hace dos años, comentan, la gente de fuera se instaló en casas de lámina para sembrar y contratar indígenas. “Traen trocas del año, se visten bien, pues traen dinero. Son mayores y chavos, de todo”.

“Con ellos hay muchos niños que los ocupan, son los que andan ahí, los sicarios son los que siembran. Andan ahí, los obligan a fuerza a ser sicarios. Ya que los invitan a trabajar con ello, haz de cuenta que les dicen: “tu haz esto, tu haz esto otro. Entra puro nuevo, de 12 y 15 años, y así. Desde hace como dos años empezaron a llegar más”.
Los niños de esa comunidad sólo tienen oportunidad de estudiar hasta la primaria, posteriormente se ponen a trabajar o algunos continúan sus estudios en otros poblados, como Baborigame.

Baborigame es uno de los centros poblacionales más cercanos de Coloradas de la Virgen. Para llegar a allá deben recorrer 12 horas caminando o 3 horas en camioneta, pero casi nadie tiene vehículo.

“Yo quisiera de que ese pueblo, como antes que era más tranquilo, se vivía con más confianza, sin ningún problema. Uno sembraba y trabajaba, sin temor de gente mala, quisiera que eso se acabara, que el gobierno y el Ejército acabaran con eso. Pienso que es lo único que se podría hacer, están acabando con todo el rancho de Petate, que está cerca de Coloradas, a parte otro ranchito que se llama Huechi, también hay otro grupo de gente de fuera que están acabando, ahí siembra”, dice Alfonso Medina.

Maestros huyen por asesinato de dos jóvenes

“Ahora les pedimos que nos manden las leyes y nos dejen vivir a gusto, porque si nos siguen matando, la gente le teme y salen de su pueblo o se van a las barrancas, dejan sus costumbres tradicionales, dejan su escuela y los maestros tampoco van a trabajar a gusto”, advierten en un oficio dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto; al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda; al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva; a Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Lorenzo Moreno Pajarito, gobernador indígena de Bacajípare, leyó el resolutivo del 4º foro “Pueblos originarios de la Sierra Tarahumara en Defensa de Nuestros Territorios”, firmado por asistentes de los pueblos tarahumaras, warojíos, ódame y yaquis, de Sonora y Chihuahua:

“Los maestros se fueron de aquí el día 6 de septiembre por que el 5 mataron a un muchacho que se llamaba Jaime Zubías Cevallos y los maestros no han vuelto desde entonces. El día 5 de noviembre mataron a otro, a Socorro Ayala Ramos, y en ese caso la gente van a dejar sus casas, sus ranchos, danzas, sus costumbres antiguas, dejan su juego de carrera de bola, dejan donde ellos se reúnen, dejan su bosque libre y pueden robar sus pinos”.

“Nuestra preocupación principal es que las familias de las víctimas y las autoridades indígenas han sido amenazados luego de que las autoridades de Choreachi comenzaron a reunir firmas en el pueblo, para denunciar los asesinatos, por lo que los mismos sujetos que mataron a los finados, y comenzaron a perseguir y a amenazar”.

Las personas amenazadas son el gobernador indígena Ángel Manchado Ramos y Prudencio Ramos Ramos, así como primos hermanos y otros parientes de las víctimas.

“Quienes suscribimos, las autoridades yaqui, odami, warojío, asociaciones civiles que asistieron al cuarto foro de los pueblos indígenas en defensa de nuestro territorio, exigimos que se investiguen los asesinatos, se lleve a juicio a los responsables, se den medidas necesarias para garantizar la seguridad de autoridades indígenas y familias de víctimas, que se adopten las medidas necesarias para que cesen las persecuciones, amenazas y hostigamiento en contra de las familias de las víctimas y se dé garantía a su vida”.

Advierten además, que hay violencia generada por el narcotráfico, porque hay gente que llega de fuera, algunos de Bocoyna, Témoris, Batopilas, o de otros estados, para talar el bosque y ellos lo han impedido, pero viven en constante amenaza y miedo.

“Sabemos que están con ellos (con gente dedicada al narcotráfico), porque son los que cortan madera, se unen para mandarnos asustar a los indígenas, los de la madera contratan para amenazar”, sentencian.

Empresarios buscan desplazar a artesanos rarámuri

Además del despojo, contaminación de agua y ambiente que ha ocasionado a las comunidades indígenas el proyecto Barrancas Divisadero, representantes de tres comunidades denunciaron que los quieren despojar del corredor turístico para ubicarlos a 200 metros, lugar con menos atractivo turístico.

Huitosachi, Mogótavo y Bacajípare, del municipio de Urique, son las que se han visto más afectadas desde que el proyecto inició.

En el marco del foro denunciaron que los dueños del hotel que se ubica en ese mismo lugar y autoridades estatales, buscan quitar a unos cincuenta artesanos de ese lugar, para desplazarlos.

Aseguraron que el proyecto del hotel es ampliar su complejo turístico hacia la zona de enfrente, donde actualmente venden artesanías y comida mestizos e indígenas de la zona.

Randal Gingrich, de la asociación Tierra Nativa, explicó que el hotel busca abarcar su proyecto y asilar a los denunciantes, a un área de segunda calidad, porque los miradores no tienen el mismo atractivo y estarían lejos del turismo.

“Los indígenas y mestizos no quieren reubicarse, están dispuestos a denunciar, a protesta”, indicó.

La propuesta de los indígenas y mestizos inconformes, es que se los empresarios pueden ampliar la estación vieja, y abrir espacios más equitativos, donde respeten la multicuturalidad y las vistas hacia la barranca, de manera que también se beneficien las comunidades indígenas, con el turismo.

“Es muy pequeño el espacio ahora y está dominado por ciertos comerciantes que tienen la ventaja porque tienen la ubicación, si construyen en la esquina tienen 10 veces más negocio que el lugar donde buscan reubicarlos”, explicó Randall.

Las comunidades piden que se les reconozca el derecho sobre nuestras tierras porque con el proyecto turístico, hay empresas que quieren construir hoteles y diversiones donde viven y tienen problema de agua porque los drenajes del hotel Mirador y el Divisadero tiran sus aguas negras abajo, donde viven varias familias y han contaminado tres ojitos de agua que usaban para tomar; sacan arena y madera sin permiso.

Mineras acaban con pueblos completos

Francisco López Bárcena, consultor independiente en el tema de mineras e indígenas, acusó que las mineras arrasan con todo en el país, porque las autoridades la consideran una actividad de las más importantes, lo que les ha dado permiso para saquear, contaminar y lo más grave, despojar comunidades completas.

Explicó las condiciones flexibles sobre las que operan las mineras en el país, porque pagan entre 5 y 112 pesos por hectárea concesionada, al año, y con la Reforma Fiscal, pagarán 8.5 por ciento sobre utilidades, lo que es muy poco aún porque no se compara con la cifra que pagan en Canadá y en Estados Unidos, con quien tiene relación México, a través del Tratado de Libre Comercio.

Los últimos dos gobiernos panistas, explicó, entregaron mucho más concesiones que los sexenios anteriores, ya que pasó de ser la actividad número 67 al cuarto lugar.

“Las concesiones son muy laxas, antes otorgaban 25 años para explorar y 25 para explotar, ahora desde la reforma de 1993, les dan 50 años prorrogables por otros 50, tienen cien años para trabajar, que es la vida útil de dos generaciones”, indicó.

En ese lapso, pueden vender, traspasar, dividir, o lo que gusten con esas hectáreas, son como los dueños.

“En el caso de los pueblos indígenas, hay dos derechos que no se han observado y que han derivado en amparos: el acceso preferente a recursos naturales y el segundo constitucional obliga al Estado a preguntar a los pueblos si quieren el proyecto; el otro derecho es que si no quisieran la concesión, ellos tendrían que consultar sobre cómo deberían entrar, qué beneficio deberán tener y qué obras para remediarlo”.

En su participación, el pueblo yaqui, contó cómo han defendido a los pueblos de la construcción del acueducto Independencia, en Hermosillo, Sonora.

“Lo que nos da identidad como pueblo yaqui, es nuestra lengua, nuestro gobierno, nuestra cultura, nuestra comunidad, nuestra cosmogonía. Eso es lo que nos ha mantenido en la lucha, y es lo que nos ha hecho sobrevivir en la etapa del genocidio, juegan un papel muy importante en la lucha de nuestro pueblo”, dijo Tomás Rojo Valencia, vocero del pueblo yaqui.

Fuente: Proceso (Ver en el sitio)