Chihuahua, Chih. 29 de febrero de 2016.

El día de hoy apareció en la columna de Ráfagas del Heraldo de Chihuahua una opinión, que sin duda, pretende desacreditar a las organizaciones de la sociedad civil OSC: Alianza Sierra Madre, Consultoría Técnica Comunitaria y Tierra Nativa, quienes trabajan y asesoran a las comunidades en la defensa de sus derechos a la consulta, a la autodeterminación y al territorio ancestral.

La reacción de El Heraldo por acudir al Senado de la Republica descalificando a las asociaciones y pretendiéndolas vincular con partidos políticos y conflictos ya superados pretende restarle legitimidad a las demandas de las comunidades que van al Senado de la Republica para dar cuenta de los avances obtenidos en la solución de problemas, así como aquellos que siguen pendientes por omisión o falta de voluntad política de los representantes de las instancias gubernamentales de nivel federal y estatal.

También se ha olvidado que las comunidades han hecho uso de la garantía jurídica de recurrir a los tribunales para resolver los conflictos sociales que no se han logrado atender por la vía del respeto a los derechos de audiencia, participación, consulta e información, establecidos en los diferentes Convenios y Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, reconocidos en los artículos 1º y 2º de la Constitución Política de nuestro país.

El único fin de las autoridades indígenas y líderes comunitarios es buscar diálogo interinstitucional que les permita desahogar la agenda pendiente con los pueblos Rarámuri y Ódami del Estado de Chihuahua en el Senado de la Republica y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, poderes republicanos que la mayoría de los ciudadanos/as ignora porque están lejos y no es fácil establecer una relación entre representantes y representados.

La visión de la columna de Ráfagas, representa una línea autoritaria, racista y sexista del acontecer social de nuestro estado; quienes no aceptan que los rarámuri hayan ganado sentencias que obliguen al Ejecutivo del Estado a reparar daños causados a las comunidades como es el caso de  la comunidad de Bosques de San Elias Repechique.  El hecho de que el Estado no acate la sentencia en los hechos, es lo que tiene detenido las obras que menciona la columna.

La sentencia del Juez 8º relacionada con el aeropuerto regional Barrancas del Cobre, se da con la finalidad de equilibrar la actuación abusiva del Estado, comprobada a través del juicio, y no es un bloqueo, sino una oportunidad para que un Gobierno –que ha sido sordo a los rarámuri–, dialogue y se establezca una indemnización con mayor equidad y justicia.

Las OSC llegamos a la Sierra por la ausencia de una actuación coherente y de servicio  de las instituciones gubernamentales, tristemente, las instituciones relacionadas con los pueblos indígenas, más que trabajar para ellos, trabajan para garantizar los intereses de los inversionistas, a costa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.