La Comunidad indígena de Bosques San Elías- Repechike del municipio de Bocoyna presentó ante el Tribunal Federal con sede en esta ciudad un amparo por la omisión del Estado Mexicano en la protección de sus derechos territoriales, sus recursos naturales y los conflictos derivados de la construcción del Gasoducto Encino-Topolobampo.
El 30 de Septiembre del año en curso, el Juez Juan Carlos Zamora Tejeda del 2o Juzgado de Distrito, concedió el amparo a esta Comunidad ordenando la suspensión inmediata para que no sigan realizando los trabajos de explotación forestal, ni trabajos para la instalación del Gasoducto dentro del territorio de la Comunidad de Bosques San Elías Repechique.
Dentro de las autoridades señaladas como responsables de omisión en la protección de los derechos territoriales y de autodeterminación de la comunidad indígena mencionada se encuentran instituciones estatales y federales: El Poder ejecutivo y legislativo federal y estatal, SEMARNAT, PROFEPA, SENER, CFE, SEDATU y la empresa Transportadora de Gas Natural concesionaria del Gasoducto El Encino- Topolobampo.
La Comunidad Indígena tiene años en defensa del reconocimiento de sus tierras, y que han enfrentado la negativa permanente del Estado, además existen innumerables denuncias por explotación ilegal de sus recursos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sin resultado alguno, y por último en el caso del Gasoducto, la comunidad mantiene una negativa permanente a que el mismo pase por sus tierras, viviendas y agua, por los riesgos que ellos vislumbran en su seguridad y los irreparables daños que tendrían.
El Frente Democrático Campesino, la consultoría Técnica Comunitaria AC y la comunidad de San Elías-Repechique se congratularon ante la suspensión de plano que dicto el Juez de distrito, que reconoce y da vigencia a los derechos de los pueblos Indígenas, por lo que expresaron la esperanza de que la resolución final proteja el derecho al territorio y a la autodeterminación que la comunidad ha defendido con valentía durante los últimos 60 años.
Ante la negativa de la comunidad de Repechique para que el gasoducto “pase” por su comunidad, las autoridades indígenas y los grupos de abogados y activistas que los apoyan han dado a conocer desde el inicio de las obras, la presión y amenazas por parte de autoridades y empresas que pretenden explotar la región y construir una red de distribución de gas.
Las amenazas han sido encaminadas a que enviarían sicarios a la comunidad con el fin de amedrentar a los habitantes y permitan el paso del gasoducto por esta comunidad, ante lo cual han manifestado su miedo.
Existe inquietud entre los habitantes de la comunidad, debido a estas amenazas y a la incertidumbre de conocer el desarrollo de la obra, tras la aprobación de la reforma energética y la apertura de empresas extranjeras para introducirse en territorio nacional a fin de explotar yacimientos de gas y petróleo, pero también la construcción de gasoductos entres Estados Unidos y México, diversos organismos de derechos humanos y organizaciones de activistas han advertido del despojo que estos proyectos traerán a comunidades indígenas.
El gasoducto pasa por cuatro municipios de la sierra Tarahumara que afectan a por lo menos 341 comunidades indígenas que se concentran en 25 centros tradicionales, abarca 500 kilómetros de largo por 5 de ancho y atraviesa Carichí, Bocoyna, Guazapares y Maguarichi.
Publicado por FronteNet.Com (Ver en el sitio)