Diversas organizaciones de la Sierra Tarahumara y a nivel nacional, se han unido para lanzar la campaña “Lucha, resistencia y bosque” la cual exige al Estado Mexicano la aplicación de un plan de acción integral que ponga fin a la tala ilegal en la Sierra Tarahumara, así como acciones urgentes para frenar inmediatamente la extracción ilegal de madera y garantizar medidas de seguridad idóneas para que las miles de personas que se encuentran en condiciones de desplazamiento forzado puedan retornar en condiciones dignas y seguras.
La devastación no solo afecta a las comunidades indígenas, sino también a las personas habitantes locales, a la agricultura, las ciudades y a quienes se benefician del agua de las partes bajas de las cuencas del Río Grande y del Pacífico que abastece a los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa. La política forestal y la extracción criminal del bosque han provocado una degradación ambiental que implica el desgaste de la biodiversidad, la erosión de la fertilidad de los suelos, la reducción de la cubierta vegetal, así como la cantidad y calidad del agua, sin considerar los derechos de las comunidades locales.
Desde hace 57 años al menos 22 personas han sido asesinadas por defender el bosque y el territorio, algunas comunidades llevan más de 30 años de resistencia y lucha en los juzgados por su derecho al reconocimiento jurídico del territorio ancestral. Las personas defensoras del medio ambiente, el agua, el bosque y los derechos humanos están obligadas a luchar en el anonimato por el peligro que implica alzar la voz. Han sido víctimas de agresiones físicas, verbales y psicológicas, entre otras, incluso algunas han pagado con su vida al interponerse ante los intereses de criminales, empresarios y políticos.
La autorización de permisos de aprovechamiento forestal a personas que indebidamente ostentan títulos sobre los territorios indígenas trae como consecuencia tala legal e ilegal de los bosques que resguardan algunas comunidades indígenas, así como múltiples violaciones a los derechos humanos y colectivos.
En los recientes años hemos documentado diversas omisiones por parte del Estado ante las actividades de los grupos delincuenciales que operan en la zona y que han instaurado escenarios de violencia que propician la explotación, fomentan la cadena de delitos y aumentan el nivel de violencia sobre los pueblos indígenas. Ante este panorama adverso solo resalta la inoperancia de las dependencias gubernamentales de seguridad, medio ambiente y fiscalización, que trasciende a las diversas administraciones municipales, estatales y federales.
Las comunidades indígenas y las organizaciones de la sociedad civil han interpuesto múltiples denuncias a lo largo de los años ante diversas instancias competentes como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de Chihuahua; por lo que el tema es de conocimiento de las autoridades medioambientales, de seguridad y del Poder Ejecutivo Nacional y Estatal. Sin embargo, las acciones realizadas no son significativas y tampoco contribuyen a detener la extracción forestal ilegal.
La tala ilegal es un fenómeno permanente en la Sierra Tarahumara. Desde 2015 se incrementó de forma alarmante, pues los perpetradores cuentan con una extensa red de complicidades con agentes estatales y no estatales. Este contexto de omisiones y violencia provoca la devastación en los bosques que se refleja en la cotidianidad de las personas afectadas: en donde hubo vida ahora ven destrucción, pero ahí hubo agua, fauna, pinos y ecosistemas biodiversos de cientos de años.
Los daños en la naturaleza y el ciclo del agua son irreversibles. En la eco región de la Sierra Tarahumara tiene una importancia comercial, ahí se genera el agua de las cuencas hidrológicas del sur de Sonora, Sinaloa y el Río Conchos, que suministran las principales zonas agrícolas de Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Además, por el cauce del Río Conchos se contribuye con más del 50% al pago del tratado de aguas firmado con Estados Unidos desde 1944 y se alimenta con agua potable e industrial a las ciudades fronterizas del lado mexicano sobre la cuenca del Río Bravo, además de la región agrícola del Valle de Tamaulipas.
Los bosques son vitales para la supervivencia de los pueblos indígenas y no indígenas de Chihuahua, éstos constituyen un entramado biológico que da sustento, no solo a las prácticas de agricultura, ganadería y alimentación; sino también forman parte de su cultura y espiritualidad, las afectaciones no sólo son biológicas, éstas constituyen agresiones directas a los pueblos que resguardan un conocimiento ancestral que ha preservado los bosques durante generaciones. La lucha por el bosque es también por la supervivencia de la cosmovisión y otros elementos culturales de los pueblos rarámuri, ódami, o’oba y warijó, la resistencia y el conocimiento de estos pueblos es vital para combatir la crisis climática.
Por tales motivos, diversas organizaciones se han unido para lanzar la campaña “lucha resistencia y bosque”, entre las cuales participan la Red en Defensa del Territorio Indígena en la Sierra Tarahumara (REDETI), la organización internacional Indigenous Peoples Rights International (IPRI), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) y La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
Desde la Red TDT se realizó una Acción Urgente en donde la ciudadanía puede emitir su firma para unirse a las exigencias de la campaña a través de plataforma www.redtdt.org.mx. Más que una Acción Urgente, este es un grito urgente para frenar la tala ilegal que desde 2015 provocó un aumento a los niveles de violencia en la Sierra Tarahumara.
Entre los materiales de la campaña se encuentran 4 infografías que explican el contexto de la lucha de los pueblos indígenas en la Sierra Tarahumara por la defensa del bosque y el agua. Se incluyen también 4 videos emitidos por: Ofelia Medina, actriz, productora y activista; Santiago Aguirre Espinoza, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), Abel Barrera Hernández, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Guillermo Fernández-Maldonado Castro, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México
Materiales de la campaña
Kit de prensa