Chihuahua, Chih. 13 de octubre 2015
El pasado martes 6 de octubre en las instalaciones del Aeropuerto regional Barrancas del Cobre, municipio de Bocoyna se llevó a cabo la primera reunión promovida por el Juez 8º de distrito entre la comunidad indígena Bosques de San Elías Repechique y el Gobierno del Estado para darle seguimiento a las posibles remediaciones sobre las afectaciones materiales que sufrió esta comunidad con la construcción del aeropuerto Barrancas del Cobre.
A la reunión asistieron por parte de la comunidad 40 hombres y mujeres, junto con sus autoridades tradicionales, así como sus asesoras de la Consultoría Técnica Comunitaria. Por parte del Gobierno del Estado estuvo presente un representante del área jurídica de la Secretaría de Economía, el gerente del Fideicomiso Barrancas del Cobre, la Coordinación Estatal de la Tarahumara y finalmente la Notaria Pública de San Juanito, quien daría fe de la reunión y los acuerdos tomados.
Vale señalar que las propuestas de reparación de daños materiales e inmateriales se sustentan en los peritajes de afectaciones ambientales que se practicaron dentro del proceso jurídico. El Peritaje presentado por la comunidad fue elaborado por el Laboratorio Nacional para la Sustentabilidad encabezado por el Dr. Luis Bohórquez; y el peritaje realizado por la empresa Técnicas Geológicas y Geo‐hidrológicas SA de CV presentado por el Gobierno del Estado.
Los conceptos de afectación retomados por el Juez 8º de distrito fueron: la obstrucción de veredas o caminos, la deforestación, y la afectación de tres manantiales. Los conceptos mencionados conllevan alcances diferentes por las visiones y disposición en términos de su mitigación y remediación. Donde el Gobierno del Estado muestra poca disposición para la negociación, aún después de aceptar la sentencia emitida por el Juez 8º.
Ante la premura por parte del Gobierno del Estado representada por el jurídico de la Secretaría de Economía para llegar acuerdos generales tendientes a comprometer los alcances de las afectaciones, la Comunidad indígena a través de su vocero se pronunciaron en el sentido de condicionar cualquier acuerdo a la modificación del trazo de la mal la perimetral del Aeropuerto y la reubicación del espacio destinado a instalaciones de la SEDENA. A lo cual el Gobierno del Estado manifestó no tener capacidad de respuesta en ese momento.
Ante esta falta de atención de los negociadores del Gobierno del Estado, la Comunidad decidió no firmar el acta hasta que se resuelva el punto de la obstrucción de caminos por la malla ciclónica.
A 11 meses de dictada la sentencia y la promesa de disposición de acatar en todos sus términos la Sentencia y la palabra de la comunidad indígena, ahora, se diluye la voluntad política del Gobierno del Estado de reparar el daño en diálogo con los afectados.