Violencia, hostigamiento y amenazas en contra de autoridades tradicionales y líderes indígenas de la comunidad rarámuri Choréachi.
1.- Antecedentes.
Durante más de 30 años los indígenas de Choréachi, han defendido su territorio ancestral y sus recursos naturales, mediante acciones jurídicas promovidas ante los Tribunales Agrarios, Juzgados de Distrito y PROFEPA, por la tala ilegal de sus bosques (15,200 hectáreas aproximadamente). Las acciones legales, han tocado los intereses económicos de algunos líderes de la comunidad agraria Coloradas de los Chávez, quienes han intentado acabar las acciones legales de Choréachi, con actos de intimidación y amenazas a los dirigentes comunitarios, autoridades indígenas y a personal de ASMAC.
2.- Hechos
El 5 de septiembre de 2013 fue asesinado Jaime Zubias Ceballos y el 5 de noviembre del mismo año, fue asesinado también Socorro Ayala Ramos, integrantes del pueblo de Choréachi. Por otra parte, durante los últimos dos años, el ex gobernador Ángel Manchado y Prudencio Ramos Ramos han sido objeto de amenazas y persecuciones, incluso han baleado la casa de Prudencio, por lo que él ha tenido que salir de su casa y dejar el rancho donde vivía. Hasta la fecha, prevalece una persecución a los líderes comunitarios y autoridades tradicionales que continúan con la defensa del territorio ancestral.
3.- Solicitud de Medidas Cautelares y Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante la falta de condiciones de seguridad y la violencia generada en Choréachi en Febrero de 2014, se solicitó a la CIDH medias cautelares colectivas para la comunidad y para el personal de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), que acompaña los procesos jurídicos ante los tribunales. En octubre de 2015, la CIDH resolvió conceder la petición de medidas cautelares, en favor de Prudencio Ramos Ramos (sobrino de Socorro Ayala Ramos, y Ángela Ayala Ramos (viuda de Jaime Zubias Ceballos).
4.- Cumplimiento del Estado Mexicano a la resolución de la CIDH.
En junio de 2015 se llevó cabo una reunión con la Secretaría de Gobernación Federal, los beneficiarios, personal de ASMAC y las abogadas del Centro de Derechos de las Mujeres, que culminó con el consenso de acuerdos para asegurar la integridad personal de los beneficiarios y que les permita desarrollar su trabajo y continuar con los procesos para la defensa del territorio ancestral de Choréachi.