Gobernadores de siete comunidades Rarámuri y O´dam en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, denunciaron en el Senado que han sido despojados de sus territorios y recursos naturales por parte de narcotraficantes y empresarios, que sufren de acoso y hostigamiento al grado de que cuatro de sus integrantes fueron asesinados por defender sus territorios, sin que el gobierno estatal y las dependencias federales intervengan.

Ante los senadores Javier Corral y Alejandro Encinas, de PAN y PRD en el Senado, una delegación de gobernadores indígenas que representan a comunidades de diferentes municipios de Chihuahua comentaron que, como parte de la Caravana por la Justicia en la sierra Tarahumara, instalarán este jueves en dicho recinto parlamentario una mesa de trabajo de alto nivel con representantes de diversas secretarías de estado y se convocó a representantes de la SCJN y del Tribunal Agrario.

En la reunión, de acuerdo con Javier Corral, se invitará al comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz para que acuda al Senado ya que a pesar de ser convocado por los gobernadores, “no se ha logrado tener su presencia allá. Aquí está más cerquita Bucareli, donde despacha, hasta caminando incluso le podríamos ofrecer una tarjeta de Ecobici para que llegue a escuchar a las comunidades indígenas”.

Miguel Manuel Parra, gobernador de Mogotabo, Urique, explicó que en absoluta impunidad tanto el crimen organizado como empresarios dedicados a desarrollar complejos hoteleros y turísticos los han despojado de sus tierras, mismas que les fueron heredadas por sus ancestros, sin respeto alguno a y con la aparente complicidad de las secretarías del Medio Ambiente, y Desarrollo Turístico,  de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, la Comisión Nacional del Agua.

Por ello en esta mesa de trabajo de alto nivel, en la que emplazaron a autoridades de las dependencias antes mencionadas, se solicitará a la Semarnat y Profepa que suspendan de manera definitiva los permisos de aprovechamiento forestal dados en sus territorios, adscritos a los municipios de Bocoyna, Guadalupe y Calvo y Urique, de la Sierra Tarahumara.

“Que los tres niveles de gobierno ejecuten la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” que en marzo de 2012 les dio la razón para cumplir con la consulta y el consentimiento previo libre e informado para constituir el consejo consultivo para el fideicomiso Barrancas del Cobre y suspendió, de manera temporal, obras que dañaron grandes extensiones de flora y fauna, contaminaron sus aguas, tierras, bloquearon sus áreas de pastoreo y los caminos hacia las escuelas y hospitales, y la recolección de plantas medicinales.

La comunidad de Huitozachi tiene un recurso de amparo en 2010 contra el decreto de atotización de los fideicomisos de Barranca de Cobre en 1996 y la omisión de creación del Consejo Consultivo Regional con el expediente 781/2011, de la segunda sala de la SCJN.

De igual manera en esta caravana y en la reunión se prevé que exijan a Conagua que aplique la ley a los hoteles que contaminan la barranca con la descarga de aguas residuales; que Sectur, Fonatur y el gobierno estatal suspendan de manera definitiva las obras que tiene que ver con el proyecto turístico del Fideicomiso Barrancas del Cobre.

Asimismo, los gobernadores indígenas exigieron revisar los expedientes agrarios para proponer medidas de solución alternas a la problemática que enfrentan y las autoridades locales garanticen su seguridad en sus propias comunidades, se investigue, se castigue a los responsables de los homicidios cometidos contra 4 compañeros

Los representantes de choréachi, Coloradas de la Virgen y Mala Noche, municipios de Guadalupe y Calvo Huitosachi, Bakajipare y Mogótabo de Urique y Bosques de San Elías Repenchike, entre otros, reconocieron que son víctimas de narcotraficantes, que se han apropiado de sus tierras, siembran en las mismas mariguana y otro tipo de drogas propiciando que sus comunidades sean consideradas de las más peligrosas y violentas de México.

Fuente: Milenio (ver en el sitio)