Los representantes de las comunidades indígenas, el senador Encinas y el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas firmaron la minuta de acuerdo, estableciéndose así el compromiso para atender y resolver las situaciones que afectan a los tarahumaras y ódamis en la Sierra Tarahumara.
Tras una jornada de trabajo de 10 horas, la mesa interinstitucional de la Caravana de la Justicia por la Sierra Tarahumara que se instaló en la Cámara de Senadores, se llegaron a diversos acuerdos y compromisos pactados entre las comunidades tarahumara y ódami y las autoridades federales que asistieron a través de la convocatoria hecha por los senadores Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas Rodríguez.
Se inició con una detallada explicación técnica de los recursos legales interpuestos por las comunidades indígenas, principalmente en el aspecto agrario y al derecho a la consulta previa, libre e informada, por parte de la maestra Aurelia Rivas Valencia; posteriormente los gobernadores indígenas expusieron ante los funcionarios sus peticiones y demandas, algunos de ellos en rarámuri y tepehúan, siendo traducidos por los intérpretes de la Caravana, Miguel Manuel Parra y Rivas Valencia.
Lorenzo Torres Medina indicó que en la comunidad de Coloradas de la Virgen, personas ajenas a ellos están acabando con los recursos naturales, y no hay nadie que haga algo al respecto.
“Nosotros lo que queremos es cuidar al bosque, que no se nos acabe y cuidar nuestra agua, plantas medicinales y nuestras costumbres, no estamos peleando lo ajeno, peleamos por nuestros derechos, corremos el riesgo, tenemos problemas con la gente mala, queremos que ustedes nos ayuden y nos cuiden, no hay garantías para nosotros, nos han matado a muchos compañeros las autoridades, venimos hasta aquí para que nos escuchen, porque en Chihuahua no lo hacen, hemos hecho muchas propuestas y no nos hacen caso”, manifestó.
Asimismo denunció las amenazas de muerte que han recibido sus compañeros y asesores por defender su territorio.
Lorenzo Moreno Pajarito, de la comunidad de Bacajípare, relató que para llegar a la Ciudad de México realizaron un largo recorrido desde la Sierra Tarahumara, en busca de ser escuchados por las autoridades federales sobre el severo problema de contaminación en sus manantiales por las descargas de aguas residuales que realizan los hoteles que operan en el área turística del Divisadero en las Barrancas del Cobre.
“Ya tenemos 17 años luchando, todo el tiempo ha sido lo mismo, no nos apoyan, no nos ayudan para resolver este problema, la comunidad ya no queremos que tiren aguas negras, que no contaminen los arroyos en donde nosotros nos bañamos y de la que tomamos, ahorita ya no es posible hacerlo, tenemos que ir más retirado para traer agua en cubetas”, señaló Moreno.
De esta forma, cada uno de los representantes de las comunidades indígenas de los municipios de Guadalupe y Calvo, Bocoyna y Urique expusieron las diversas problemáticas que padecen desde hace años, pues desde entonces les arrebataron la tranquilidad y su calidad de vida.
En una segunda ronda, las autoridades dieron respuestas a los planteamientos realizados por las comunidades indígenas, y se afinaron hasta llegar a un acuerdo final.
El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz se comprometió a constituir un grupo de trabajo que servirá como enlace y dará seguimiento a los planteamientos hechos por las comunidades indígenas respecto a la consulta previa, libre e informada; los juicios agrarios; daño ambiental y forestal; las políticas de desarrollo social, respeto a los derechos humanos y medidas cautelares.
Dicho grupo se integrará por la comisión de asuntos indígenas de la Cámara de Diputados y Senadores, la Secretaría de Gobernación a través del comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, una representación del gobierno de Chihuahua, de los gobernadores indígenas y de los asesores de las asociaciones civiles que acompañan la causa.
Otra de las propuestas fue implementar un programa de desarrollo regional, conforme a lo establecido en la ley general de desarrollo social, en donde las comunidades de la tarahumara decidan qué tipo de desarrollo requieren para las mismas, lo cual permitiría que ellos fueran los sujetos y no los objetos de la política pública.
En materia de consulta indígena, SECTUR y FONATUR presentarán información sobre los proyectos de inversión una vez que se conforme el consejo consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre. Asimismo, SEMARNAT canalizará dicha información para que se realice la consulta por las instancias competentes.
En cuanto a los asuntos agrarios, el senador Encinas enviará un exhorto para que la SEDATU se incorpore a la mesa interinstitucional y atienda puntualmente los procesos legales; además pedirá una investigación a los inversionistas instalados en el área de influencia del proyecto turístico en el Divisadero.
Otro exhorto se hará llegar a las autoridades del estado de Chihuahua para que suspendan las obras del Fideicomiso Barrancas del Cobre, incluyendo el aeropuerto de Creel, hasta que se realice la consulta a las comunidades.
Sobre las afectaciones al medio ambiente, CONAGUA llevará a cabo una visita de inspección en el Parque de Aventura para revisar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el caso de las descargas de aguas residuales a los manantiales en Bacajípare. Asimismo, entregará un informe sobre los trabajos realizados hasta la fecha sobre la situación de los complejos hoteleros instalados en el Divisadero, información a la que también tendrán acceso los pobladores de las comunidades afectadas y las organizaciones civiles que los asesoran.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto al planteamiento de la reubicación de la estación Divisadero del ferrocarril Chihuahua al Pacífico, revisará que FERROMEX cumpla con todos los trámites y reglamentos para su ejecución y evaluará los impactos socioeconómicos de la obra.
SAGARPA se comprometió a liberar los recursos 2013 y 2014 para los beneficiarios del programa PROAGRO del ejido de Teweríchi; además la Cámara de Senadores solicitará que se habilite el presupuesto de PROCAMPO para esta misma comunidad, el cual fue suspendido en el 2013.
Ante el planteamiento del respeto a los derechos humanos y medidas cautelares, la CNDH designó personal para que realice un recorrido por las comunidades de Choreáchi y Coloradas de la Virgen para verificar que las autoridades cumplan con sus compromisos y para establecer un mecanismo para la protección de los derechos de los tarahumaras y ódami.
El senado promoverá a la subsecretaría de Derechos Humanos de la SEDOGB para que realice el estudio de evaluación de riesgo sobre las personas de la comunidad de Coloradas de la Virgen y Alianza Sierra Madre A.C que fueron incorporadas al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el objeto de que a la mayor brevedad se implementen las medidas de protección adecuadas.
Se planteó la elaboración de una propuesta para un programa de desarrollo regional, basado en la ley general de desarrollo social; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas apoyará con el financiamiento de proyectos.
Como último punto, se acordó que la siguiente reunión con las autoridades federales y estatales, además de aquellas que integrarán el grupo de seguimiento y enlace, se realice en el municipio de Guachochi en un plazo no mayor a 30 días, y se instalarán mesas de trabajo en base a las temáticas que se establecieron en la mesa interinstitucional.
Finalmente, los representantes de las comunidades indígenas, el senador Encinas y el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas firmaron la minuta de acuerdo, estableciéndose así el compromiso para atender y resolver las situaciones que afectan a los tarahumaras y ódamis en la Sierra Tarahumara.