Luego de varias protestas de rarámuris, el juez Ignacio Cuenca ordenó la suspensión de las obras del aeropuerto regional de Creel, localizado en el municipio de Bocoyna.

El titular del juzgado octavo de distrito radicado en Chihuahua decidió lo anterior hasta que se resuelva la controversia interpuesta por la comunidad rarámuri Bosque San Elías-Repechique en contra del fideicomiso Barrancas del Cobre, que ha reclamado la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado.

Los integrantes de la comunidad que se localiza también en el municipio de Bocoyna presentaron el amparo el miércoles 2 por presuntas afectaciones derivadas de la construcción del aeropuerto.

Según los constructores, dos empresas han renunciado a los trabajos debido a que el gobierno del estado tiene suspendidos los pagos, por lo que la obra aún no estaba concluida, pese a que el secretario estatal de Comunicaciones y Obras Públicas, Eduardo Esperón González, ha anunciado varias fechas para su inauguración.

Los inconformes argumentaron que las empresas contratadas colocaron una malla ciclónica que bloqueó caminos y veredas por las que transitan los indígenas.

Ahora los niños rarámuris demoran cuatro horas más para llegar a la escuela; además, se ha afectado el pastoreo y las rutas para llegar al hospital, entre otras.

Además, acusaron, les cancelaron con tierra y piedra un ojo de agua en uso por la comunidad, aparte de afectaciones por la tala del bosque y el movimiento de materiales.

La queja se presentó además en contra de la Empresa Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua SA de CV, firma que ganó la concesión para construir y operar el aeropuerto regional de Creel.

El juzgador determinó “decretar de plano” la suspensión del acto reclamado y con ello se deben frenar las obras para evitar que se concluya la construcción del aeropuerto regional de Barrancas del Cobre-Creel hasta que el juicio se resuelva de manera definitiva.

Cuenca Zamora argumentó que se vulneró el derecho a la consulta libre, previa e informada y el artículo 27 constitucional, que protege la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

Para la comunidad indígena se trata de un precedente importante para avanzar en el reconocimiento legal de sus derechos, luego de que otros proyectos turísticos en las regiones de la Sierra Tarahumara han afectado su forma de vivir y les han causado daños en la salud y en el medio ambiente.

En febrero pasado, un grupo de indígenas de Repechike exigió a las autoridades que atendieran sus peticiones; durante la protesta, colocaron lonas afuera de la parroquia de Creel y éstas les fueron retiradas durante la noche, por lo que interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Según el Diario Oficial de la Federación, la operación del nuevo aeropuerto estará a cargo de Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua SA, sociedad formada por el gobierno estatal y Luis Carlos Sías Enríquez, empresario radicado en Creel.

El presidente del organismo es el exsecretario de Economía estatal, Álvaro Navarro Gárate, y en la empresa el Ejecutivo tiene una participación de 98%.

La concesión para operar el aeropuerto tiene una vigencia de 20 años y se puede renovar hasta por 50 años, cuando concluya el primer periodo.

La construcción prevé una estación de suministro de combustibles, así como otros servicios para el desarrollo del complejo aeroportuario.