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2011
El 28 de septiembre del 2011, con el apoyo de la Fundación Christensen, la Red de Defensa del Territorio Indígena en la Sierra Tarahumara (REDETI) se articula como un espacio de fortalecimiento institucional e intercambio de conocimientos entre las organizaciones que la conforman, para enfrentar las problemáticas comunes y desarrollar estrategias para el acompañamiento jurídico de la defensa de los derechos territoriales y ambientales de las comunidades de la Sierra Tarahumara.
En el 2011 se lleva a cabo el Foro de Tierra y Territorio, donde participan las organizaciones fundadoras de REDETI: Bowerasa A.C., Consultoría Técnica Comunitaria A.C., Tierra Nativa A.C. Así como Alianza Sierra Madre A.C. quien organizó tal espacio de encuentro.
2012
Al iniciar el año 2012, se concretan la identidad y planeación estratégica de esta Red de Organizaciones, conformada por las organizaciones civiles Alianza Sierra Madre, Consultoría Técnica Comunitaria y Tierra Nativa; luego de que durante todo el 2011 se llevó a cabo una consulta para la creación de un Fideicomiso con el fin de captar, administrar y distribuir recursos económicos entre las asociaciones civiles comprometidas en la defensa del territorio con una visión de defensa integral y del litigio estratégico. Productos de esta consulta fueron: Un convenio de colaboración, las reglas de operación del Fideicomiso, la integración de un comité técnico formado por personas ajenas a las asociaciones, quienes aprueban, evalúan y dan seguimiento a los proyectos que se presenten al Fideicomiso.
El 14 de marzo del 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emite una sentencia para la creación del Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre, integrado por representantes legítimos de las comunidades indígenas de la zona de influencia del fideicomiso, esto incluye a Huitosachi, Mogótavo y Bacajípare. Con el objetivo de cuidar, vigilar y proteger los derechos de los pueblos indígenas y, en general, de los habitantes de la región no pertenecientes a las etnias; actuar como un órgano de planeación para todos los efectos de un desarrollo integral, equilibrado, justo y sustentable, de la zona de influencia del fideicomiso.
El 12 de noviembre del 2012, las comunidades Huitosachi, Mogótavo y Bacajípare del pueblo indígena ralámuli presentan una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde exponen la violación de su derecho a la propiedad colectiva y garantías relacionadas a la tierra, territorio y recursos naturales, así como la violación de su derecho a la libre determinación, a la consulta previa y a la participación en las decisiones y beneficios del proyecto turístico “Barrancas del Cobre” que se implementa en su territorio ancestral. Además, denuncian que los hoteles que se han instalado en su territorio han contaminado las fuentes hídricas que utilizaban para fines domésticos por un indebido manejo de las aguas residuales.
2013
El 13 de marzo del 2013, se lleva a cabo una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C. para presentar el Caso Sierra Tarahumara, sobre la situación de los pueblos ralámuli y ódami de la Sierra Tarahumara. Con presencia de Representantes del Estado mexicano y la Relatora para los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como de autoridades y representantes de las comunidades indígenas: María Monarca de Huitosachi, municipio de Urique, María Luisa Bustillos Gardea de Norogachi, municipio de Guachochi (representando a las comunidades de Choréachi y Coloradas de la Vírgen); Lorenzo Moreno Pajarito, de la comunidad de Bacajípare en Urique; Miguel Manuel Parra de la comunidad de Mogótavo en Urique.
El 14 y 15 de noviembre del 2013 se llevó a cabo el “4to Foro Pueblos Originarios de la Sierra Tarahumara en Defensa de Nuestros Territorios” en la ciudad de Chihuahua. Donde participaron autoridades y representantes de los pueblos de Coloradas de la Virgen, Mala Noche, Choréachi, del municipio de Guadalupe y Calvo, Huitosachi, Mogótavo, Bacajípare y Repechique, de los municipios de Urique y Bocoyna, respectivamente, así como Bakéachi y Wawachérare del municipio de Carichí. En este espacio los pueblos participantes desarrollaron un proceso de reflexión y análisis sobre la problemática que enfrentan por el despojo de sus territorios y recursos naturales. Como pueblos invitados asistieron representantes de los pueblos Yaqui y Guarijío de Sonora, quienes compartieron su experiencia en la defensa del agua y de su patrimonio cultural.
En este año comienza la violencia en la comunidad de Choreáchi, a finales de este año hay asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y medio ambiente.
2014
El mega-proyecto del gasoducto El Encino–Topolobampo afectó a varios municipios de la Sierra Tarahumara, donde reside población ralámuli. La irrupción pública de miembros de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, el 20 de febrero de 2014, en contra de este proyecto fue el detonante de una serie de eventos que presionaron a las autoridades para dar una respuesta a su reclamo, ya que no se les garantizó su derecho a la consulta, libre, previa, informada y culturalmente adecuada.
Del 2 al 6 de junio del 2014 se realizó la Primera Caravana por la Justicia de la Sierra Tarahumara, donde autoridades y representantes de las comunidades indígenas de Choréachi, Coloradas de la Virgen y Mala Noche, Municipio de Guadalupe y Calvo; Huitosachi, Bacajípare y Mogótavo municipio de Urique; así como Bosque de San Elías Repechique, municipio de Bocoyna, del estado de Chihuahua, se reunieron en la ciudad de México con autoridades del Gobierno Federal representantes de instituciones como: SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, SECTUR, FONATUR, SEGOB, CNDH, SCT, SRE, CDI, Diputados y Senadores.
Lo anterior para exponer las problemáticas relacionadas al despojo de sus territorios y recursos naturales, afectaciones a sus derechos culturales; falta de reconocimiento de su derecho al territorio ancestral; falta de cumplimiento al derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado; contaminación del agua y de la tierra que provocada por la industria hotelera en las comunidades; amenazas de muerte a miembros de las comunidades y la violencia generada por el narcotráfico; la imposición de modelos de desarrollo ajenos a su cultura, como el forestal y turístico; y la falta de respuesta de las autoridades federales y estatales a las demandas presentadas ante la CIDH.
Uno de los logros de esta caravana fueron proyectos de agua potable para las comunidades de Barrancas del Cobre, afectadas por las descargas de aguas negras por parte de la zona hotelera. Y la implementación de la consulta a las comunidades indígenas afectadas por el tramo del gasoducto El Encino-Topolobampo.
6 de octubre del 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorga medidas cautelares de protección a la comunidad indígena de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo, con el objetivo de otorgar las medidas de protección necesarias para garantizar el derecho a la vida e integridad de la comunidad indígena por sus labores de defensa del bosque ya que han sido objeto de amenazas y agresiones por el despojo de su territorio ancestral.
En noviembre del 2014 las organizaciones acompañantes a las comunidades indígenas afectadas se manifestaron en contra de la estigmatización contra las comunidades indígenas y solicitaron garantía al derecho a la seguridad debido a las amenazas contra las comunidades afectadas a causa de los megaproyectos impuestos.
El 27 de noviembre del 2014 se emite una sentencia en favor de la comunidad Bosques de San Elías Repechique, a través de la cual se obtienen 65 millones de pesos por reparación de daños por la obra del aeropuerto Barrancas del Cobre de Creel, por negarles su derecho a la consulta libre, previa e informada.
2015
La CIDH emite medidas cautelares para dos familias de Choréachi, por los asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y medio ambiente.
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